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Alexandra Vela renuncia tras discrepancias con Lasso

En la carta de dimisión, que acompañó en su mensaje por Twitter, Vela aseguró que el mecanismo de "muerte cruzada" es para ella un camino "riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible".

Foto de archivo de la ministra de Gobierno (Interior) de Ecuador, Alexandra Vela. EFE

La ministra de Gobierno (Interior) de Ecuador, Alexandra Vela, dimitió este martes de su cargo por discrepancias con el presidente Guillermo Lasso, en torno a la posibilidad de llamar a una "muerte cruzada" a la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora.


"Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea de Ecuador, presenté mi renuncia", escribió Vela en su perfil de Twitter.

Asimismo, ratificó que "preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada", disolver el Parlamento, gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas, añadió Vela en su mensaje.


Lasso, también por la misma vía, agradeció a Vela por haberlo acompañado, pero remarcó que su Gobierno seguirá empeñado en trabajar en la protección de la democracia y la creación de oportunidades para los ecuatorianos.


"Agradezco su gestión", ratificó el mandatario y señaló que el Gobierno que dirige "continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos".


En la carta de dimisión, que acompañó en su mensaje por Twitter, Vela aseguró que el mecanismo de "muerte cruzada" es para ella un camino "riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible, si se quieren realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere en los campos social, político y económico, conforme al programa ofrecido a los ecuatorianos".


La "muerte cruzada" es un mecanismo contemplado en la Constitución de Ecuador con el que el presidente puede disolver la Asamblea y a cambio gobernar por decretos hasta que se celebren unas nuevas elecciones adelantadas, de los que saldrá un nuevo Legislativo que deberá ratificar o derogar los eventuales decretos dictados por el jefe de Estado.

La renunciante ministra aceptó que su postura pudo causar molestias a otros colaboradores del Gobierno y al mismo presidente Lasso, pero ratificó: "No vine a su Gobierno para estar siempre de acuerdo, sino para examinar objetivamente la realidad política, para mencionarle los posibles errores y para impulsar decisiones acertadas".


La dimisión de Vela se dio poco después de que el consejero y portavoz del Gobierno, Carlos Jijón, presentara también su renuncia al cargo.


"He renunciado al cargo de consejero de Gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro que tendrá éxito. Que Dios bendiga al Ecuador", dijo Jijón en un mensaje de Twitter.


Aunque el Gobierno no ha confirmado aún los cambios en la cartera, se prevé que a Vela puedan reemplazarla dos personas: Francisco Jiménez, director del movimiento oficialista CREO en la ciudad de Guayaquil, que se encargaría de la faceta política; y Hernán Carrillo, un exjefe policial, asumiría lo referente a Interior.


La dimisión de Vela se dio luego que ella presentara este mismo martes ante la Corte Constitucional una demanda de ilegalidad a la decisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de otorgar amnistías a 268 personas, la mayoría de ellas procesadas por participar en protestas sociales desde octubre de 2018.

Asimismo, la situación sucede al duro revés político que sufrió el Ejecutivo en la Asamblea, que negó y archivó un proyecto de Ley de Inversiones, que figuraba como insignia del Gobierno para dirigir la economía y generar empleo.


Con dicha ley, Lasso pretendía atraer unos 30.000 millones de dólares en inversiones a proyectos de su administración y generar unos 2 millones de empleos.


Esa ley se topó con la resistencia de sindicatos, indígenas y grupos de izquierdas que advertían de supuestos afanes privatizadores del Gobierno.