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BANCO DEL PACÍFICO ¿DEBE EL ESTADO QUEDARSE SIN UN ACTIVO IMPORTANTE?



El señor Presidente de la Republica ha anunciado al País su objetivo de erradicar la desnutrición infantil, y en su efecto vender el Banco del Pacifico de cuya venta se generaran recursos para financiar dichas políticas públicas. Más de unas voces ciudadanas se han alzado pronunciándose en contra, en momentos que el señor presidente tiene según encuestas de opinión más del 70% de desaprobación a su gestión, en no más de seis meses. En momentos en que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, enviada a la Asamblea Nacional, tuvo el rechazo de sus aliados políticos que lo llevaron a la presidencia y que representan la voz de millones de ciudadanos en la que están representados el 52% de sus votantes, debe de llevarlo a clarificar que el país no está de acuerdo con sus medidas y decisiones políticas.


¿Qué grupo económico empresarial grande del país para financiar una ampliación de su industria vende una de sus empresas rentables que genera utilidad y que está posicionada en el mercado? ¿Acaso las empresas no acuden a préstamos con organismos financieros nacionales o extranjeros que luego son cancelados con las ganancias de lo generado del funcionamiento de su empresa? ¿Qué empresario vendería la gallina de los huevos de oro?

El señor Presidente seguramente debe estar muy preocupado, ansioso por las cifras e índices de desnutrición infantil como muchos de nosotros los Ecuatorianos, pero no debe por la coyuntura de no tener respaldo político el abstenerse, sino porque ¿Cómo podemos como estado despojarnos de un activo que más allá de su aporte en ganancias ha significado un agente importante regulador del sistema financiero al tener tazas de servicios con visión publica siendo el tercer mejor banco del Ecuador? Esta pregunta debe de ser clave en el análisis para saber si se debe revertir dicha decisión de venta.


El señor presidente está llamado a acatar la Constitución de la República del Ecuador específicamente el art. 232 (…) “Las servidores y servidoras públicas se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entran en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios” El señor presidente presta sus servicios a la Nación y debe velar por ella. Todos sabemos de su pasado-presente como un gran banquero y para la gran mayoría de los ecuatorianos, el pensar es, que aquí hay además un conflicto de intereses. Anhelamos que el marco constitucional regule el comportamiento en la gestión política y lleve al señor presidente a buscar otra fuente de financiamiento como podría ser vía organismos internacionales o prestamos de países amigos, presentando un plan de pago en los que incluya la utilidad generada del funcionamiento del Banco del Pacifico, esta podría ser una mejor alternativa.