El incremento salarial y la inversión pública.
El señor presidente de la nación ha anunciado el incremento del salario básico, generando una gran expectativa porque fue su propuesta de campaña de subir el mismo a $500. Más del incremento, existe un problema con igual de importancia a solucionar inmediatamente, que es la violación a los derechos laborales por parte de las empresas, causados por un mal uso de la ley humanitaria y por algo igual de grave y que es un factor generador, que es la afectación a la institucionalidad del ministerio de trabajo.
En los actuales momentos en las empresas de diversos sectores: seguridad, empacadoras de camarón, comercializadoras de combustible, compañías de limpieza etc… a pretexto de la pandemia del 2020 y amparándose en el poco o nada control de los entes reguladores como la subsecretaría de trabajo -y por un inadecuado cambio que hubo y que se permitió en el gobierno del señor Lenin Moreno G. donde se estipulo que se tiene que avisar a las compañías con dos semanas antes de ser inspeccionadas- realizan prácticas que se las denomina esclavitud moderna, como por ejemplo ofrecer salario de $250 por trabajar 5 horas diarias pero sin beneficios de ley como expendedor de combustible.
EEUU economía dolarizada, su presidente Biden modifico el pago mínimo por hora a $15, para de esa manera hacer frente al impacto de la pandemia en los ciudadanos más desposeídos, además de onerosa ayuda bono mensual aunque estuviera laborando, todo con el fin de que pueda enfrentar ese ser humano la crisis y a la vez reactivar la economía ¿Por qué nosotros no lo hicimos en su momento cuando otras naciones de américa del sur si lo hicieron? Si lo hubiéramos hecho de seguro habría menos afectación en el incremento de la clase pobre y en la disminución de la clase media que son los grandes consumidores de la producción nacional y las importaciones y con ello hubiera habido una mejor distribución del ingreso nacional.
EEUU su presidente ha apostado a una gran inversión pública para reactivar la economía, nuestra inversión pública ha caído exponencialmente desde el 2019; no contamos en los actuales momentos con mega proyectos públicos que requieran la contratación de una gran empresa, que a la vez requiera de la contratación de pequeñas empresas para obras complementarias, que requiera de la adquisición de materiales de la producción nacional o importación; que a la vez genera una amplia demanda de oferta laboral diversa y que convierte a esta en potenciales consumidores de la producción nacional de alimentos, todos aportando con sus impuestos recuperando el estado parte de la inversión inmediatamente.
Concluyendo, incremento salarial necesario en tiempos de inflación y subida de los combustibles pero de la mano de institucionalidad del ente de control y regulación como lo es el ministerio de trabajo, para ello debe de tener políticas, planes, estrategias y adecuado presupuesto. Así también el país necesita inversión públicaurgente en la zona rural agrícola para control de inundaciones y riego que aporte a ir a la industrialización, el país necesita retomar la construcción de infraestructura vial de primer y segundo orden, tarea pendiente en un país agrícola-exportador que desde lo macro dinamice la economía ecuatoriana retomando algunos de los criterios de la inversión Pública contemplados por la SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARRLLO en el 2017 como son: Contribuir a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo; Garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales; y Manejo sostenible eficiente y pertinente de los recursos públicos. Así como sus lineamientos: Reducción de la pobreza; Generación de empleo; Cierre de brechas territoriales; Intensidad en insumos nacionales; Generación de complementariedad con iniciativas privadas; Incremento de productividad sistémica para fomentar las exportaciones.
Autor: Carlos Granda Nieto