Por solicitud de Castillo, OEA estudia invocar la Carta Democrática Interamericana en Perú
El Consejo Permanente de la OEA se reúne el jueves en Washington, por solicitud del presidente Pedro Castillo, para discutir si activa la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo para "preservar la democracia" en las naciones que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Castillo considera que la institucionalidad del Perú "está en riesgo" luego de que la Fiscalía interpusiera una demanda constitucional en su contra por "liderar una organización delictiva".
En 2001, durante la Cumbre de las Américas de Quebec, los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la CorteIDH, es decir, en 20 naciones de las 35 que conforman la OEA.
La Carta establece lo que estas naciones consideran como "ruptura democrática": violaciones a los derechos humanos y las libertades, así como la falta de independencia de los poderes del Estado.
El presidente peruano, Pedro Castillo, argumentó el artículo 17 del documento para pedir la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. La cláusula establece que un país podría "solicitar asistencia (de la OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática".
Si bien la Carta Interamericana enuncia que se rige por el principio de no intervención, establece que "en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
Lo que esto significa es que la OEA deja la puerta abierta a la interpretación de la misma, pero en principio podría enviar una misión de verificación de la situación y "adoptar las decisiones que estime conveniente".
En la reunión del jueves, que tendrá lugar en Salón de las Américas de la sede de la OEA en la capital estadounidense, participarán el Relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón Orellana, y el canciller peruano, César Landa.
Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado, tras una visita de trabajo, que "observaba riesgos para la institucionalidad democrática" y había hecho un llamado a "respetar el debido proceso".
El presidente Castillo convocó en el Palacio de Gobierno a sus ministros para discutir la estrategia, mientras que los congresistas de la oposición solicitaron comunicarse con los representantes de la Organización de Estados Americanos para rechazar la solicitud de Castillo y la consecuente reunión extraordinaria.
"Nueva modalidad de golpe de Estado"
La defensa de Pedro Castillo argumenta que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso es inconstitucional, pues la Carta Magna del país solo contempla remover el aforamiento de un funcionario para procesarlo en caso de delitos de "traición a la patria" o contra la democracia, por lo que interpuso un recurso ante la Corte Suprema para anularla.
Castillo, quien ya es blanco de seis pesquisas por parte de la Fiscalía ya ha sobrevivido a dos procesos de vacancia por "incapacidad moral" en su contra en el Legislativo, lo que para sus simpatizantes corrobora que se trata de una persecución política.
Sin embargo, la fiscal general, Patricia Benavides, fue citada este miércoles ante el Congreso para ampliar la denuncia en contra del mandatario, y aseguró que tiene más de 190 pruebas de las supuestas acciones criminales del mandatario que sustentan un proceso en su contra.
El Ministerio Público descartó además este miércoles 19 de octubre que vaya a rectificar el caso, argumentando que carecía de fundamentos jurídicos en el que acusa a Castillo de tráfico de influencias, organización criminal y colusión.
¿De qué se le acusa puntualmente?
La Fiscalía señala que el presidente Pedro Castillo; el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, así como otros cinco funcionarios, organizaron una red criminal para obtener ganancias a través de contratos con el Estado.
Se trata del caso conocido como "Puente Tarata III", una obra millonaria licitada en 2021 por la cual, según el ente investigador, el mandatario y su entorno habrían acordado recibir el 0,5 % del valor total del contrato.
A partir del viernes 14 de octubre el Congreso tenía 10 días hábiles para decidir si la denuncia procedía o no. Por su parte, el lunes 17 de octubre, el congresista Edward Málaga Trillo inició un nuevo proceso de recolección de firmas para iniciar el tercer proceso de moción de vacancia en contra del presidente Castillo, con miras a su destitución.
-France24